El diputado Samuel Pérez Álvarez, integrante del movimiento político que nació de la mano del presidente Bernardo Arévalo, se encuentra ahora inmerso en una marcada polémica tras un episodio ocurrido el 14 de enero de 2025 en el Congreso de la República de Guatemala.
El Ministerio Público (MP) llevó recientemente ante los tribunales una solicitud para que se le suprima la inmunidad parlamentaria, al considerar que su actuación podría constituir graves faltas administrativas y penales.
Un hecho aparentemente trivial o un posible abuso de autoridad con efectos graves
El caso tomó relevancia cuando el legislador interceptó y rompió una carta que el diputado Neftalí Chocooj de Cabal intentaba entregar al presidente Bernardo Arévalo de León durante su intervención por el primer año de gobierno, y este acto de destrucción ha sido considerado por la Fiscalía de Derechos Humanos como una posible manifestación de abuso de autoridad y discriminación, conductas tipificadas que podrían justificar que el Congreso autorice una investigación formal.
Pérez respondió con ironía ante la acusación, calificando la denuncia como un supuesto “hojicidio” y asegurando que nunca pretendió ofender, sino que se trató únicamente de un choque político. Además, desacreditó al denunciante al tildarlo de corrupto.
¿Por qué es importante que se retire la inmunidad?
En Guatemala, los diputados cuentan con inmunidad para preservar su independencia política, aunque esta protección deja de ser plena cuando surgen indicios de abuso de autoridad o actos de discriminación.
Si el Congreso accede al pedido del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia aprueba el antejuicio, Pérez podría enfrentar un proceso penal abierto que lo exponga a sanciones legales, que incluyen desde multas administrativas hasta procesos ante tribunales ordinarios con posibles penas de prisión según la gravedad de los delitos imputados.
En un contexto marcado por fricciones entre el MP y el partido Movimiento Semilla, este escenario surge mientras avanzan varias peticiones de retiro de inmunidad por diversos casos, lo que ha impulsado un debate público sobre la legitimidad y el posible sesgo político en los procesos judiciales dirigidos a personas cercanas al presidente Arévalo.
La situación de Pérez ha dejado de ser un hecho aislado de conducta inapropiada dentro del hemiciclo parlamentario y ha derivado en un escenario jurídico que podría influir en su continuidad e incidencia política en el país, y, de confirmarse el levantamiento de su inmunidad, el diputado tendría que someterse a un proceso ante la justicia ordinaria cuyas repercusiones aún no se han determinado.