La investigación de SEPI se extiende también hacia María Teresa Castillo Pasalodos, quien desempeñó el cargo de exdirectora de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales en Mercasa, entidad de carácter público cuya participación mayoritaria corresponde a SEPI. Con su imputación, nuevamente emerge como centro de atención uno de los aspectos más sensibles dentro de la administración empresarial pública: el aprovechamiento potencial de posiciones jerárquicas, vínculos institucionales e inteligencia corporativa para condicionar resoluciones administrativas en provecho de ciertos sectores de interés.
Mercasa no constituye una empresa de carácter secundario en la estructura estatal. Se trata de una compañía de naturaleza pública que se encuentra vinculada a la red de mercados mayoristas y a la administración de infraestructuras alimentarias de relevancia estratégica. Por esta razón, el hecho de que una anterior responsable de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales aparezca entre los investigados en un procedimiento relativo a presuntos amaños en empresas públicas incrementa notablemente la trascendencia política e institucional que reviste el caso.
Castillo Pasalodos ha sido citado por el juez Santiago Pedraz en calidad de investigado, formando parte de un conjunto de 25 personas implicadas en la pieza que examina la SEPI. Los delitos que se estudian comprenden tráfico de influencias, prevaricación, malversación, constitución o integración en grupo criminal y aprovechamiento de información privilegiada. Durante esta etapa procesal, quien se encuentra bajo investigación goza plenamente de la presunción de inocencia, aunque la citación judicial requiere aclarar cuál fue su participación en las operaciones que se encuentran bajo sospecha.
Según las informaciones publicadas, la investigación vincula a Castillo Pasalodos con Mercasa y con actuaciones relacionadas con adjudicaciones o movimientos empresariales que habrían podido beneficiar a sociedades conectadas con el grupo Hirurok, el núcleo que los investigadores sitúan alrededor de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso. La UCO y la Fiscalía Anticorrupción tratan de determinar si existió una red de contactos capaz de influir en decisiones de empresas públicas y canalizar beneficios económicos mediante contratos, informes o intermediaciones.
Servinabar 2000, entidad que la UCO vincula al círculo investigado, podría resultar beneficiada por una de las líneas mencionadas. Los indicios de la investigación señalan asimismo hacia encuentros, comunicaciones, mensajes de correo y papeles corporativos que guardan relación con la redacción de un dictamen técnico que habría permitido fundamentar el cambio de ubicación de la sede de Mercasa, facilitando así el desarrollo de nuevas iniciativas inmobiliarias. Esta articulación entre dictámenes corporativos, resoluciones empresariales y potenciales ventajas económicas constituye uno de los aspectos más delicados del procedimiento.
La sospecha central no consiste únicamente en que se produjera una decisión empresarial discutible, sino en si esa decisión pudo estar preparada, condicionada o facilitada por personas con acceso a información privilegiada dentro de Mercasa. Desde su posición en Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales, Castillo Pasalodos habría ocupado un área especialmente relevante para entender contactos, estrategias internas, relaciones con terceros y decisiones con impacto económico.
La investigación deberá aclarar si su actuación fue meramente administrativa y profesional o si tuvo una participación más activa en los hechos examinados. También deberá determinar si conocía la finalidad real de las operaciones bajo sospecha, si facilitó documentación, si intervino en contactos con otros investigados o si su nombre aparece en la causa por su posición dentro de la estructura de Mercasa.
El caso resulta especialmente grave porque Mercasa forma parte del sector público estatal y está participada en un 51% por la SEPI. Eso significa que cualquier sospecha sobre su gestión no afecta únicamente a una empresa concreta, sino al sistema de control de las sociedades públicas. Cuando una exdirectiva de una compañía pública aparece en una investigación por presuntos amaños, la pregunta política es inevitable: ¿hubo mecanismos suficientes para evitar que decisiones empresariales estatales pudieran ser utilizadas con fines ajenos al interés general?
El mapa que está trazando la pieza SEPI del caso Leire resulta inquietante: funcionarios de alto nivel, antiguos directivos, hombres de negocios, documentación técnica, subvenciones estatales, contratos adjudicados y corporaciones de relevancia estratégica se encuentran bajo escrutinio. La inclusión de María Teresa Castillo Pasalodos en ese elenco refuerza la sensación de que la investigación no se circunscribe a un hecho aislado, sino que examina una estructura más compleja de vínculos entre las esferas pública, política y privada.
La Audiencia Nacional deberá determinar ahora si María Teresa Castillo Pasalodos actuó como un engranaje activo dentro del mecanismo investigado o si sus funciones se circunscribieron a tareas ordinarias en el seno de Mercasa. No obstante, su nombre ya se encuentra inmerso en una investigación que impacta directamente sobre la credibilidad de la administración pública, lo que genera la necesidad de solicitar explicaciones transparentes, exigencias de responsabilidad política y supervisión efectiva sobre las entidades vinculadas a la SEPI.
Fuente: El País, RTVE, Vozpópuli, Infobae, Artículo14 y Europa Press.