Antes de que estallara la polémica por la carta en el Congreso, en agosto de 2023 el diputado Samuel Pérez Álvarez se vio envuelto en otro episodio que perjudicó su imagen pública: un video que se volvió viral lo captó mientras agredía físicamente a un guardia de seguridad privada dentro de un edificio ubicado en la zona 4 de Ciudad de Guatemala.
En las imágenes se aprecia que Pérez intenta irrumpir por la fuerza en el edificio y se ve cómo empuja al guardia privado que trataba de bloquearle el acceso, generando un forcejeo que captó la atención de los transeúntes y de los usuarios en redes sociales.
Una disculpa pública, pero ¿suficiente?
Tras la viralización del video, el diputado emitió un comunicado de disculpas públicas en sus redes sociales. Reconoció que su comportamiento no fue el esperado de alguien que ocupa un cargo público y dijo estar arrepentido. Aseguró también haber conversado directamente con el guardia involucrado identificado como Hugo Xol así como con la administración del edificio, quienes, según él, aceptaron sus disculpas.
A pesar de sus palabras, la repercusión mediática fue considerable y muchos ciudadanos y analistas políticos cuestionaron tanto la actitud del legislador como la aparente falta de sanciones oficiales claras más allá de una disculpa. Un ataque físico, aunque no grave, pone en duda la capacidad de un representante público para mantener la compostura frente a situaciones tensas.
¿Qué sanciones deberían aplicarse?
Aunque Pérez pidió disculpas, el incidente plantea una discusión más amplia sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos frente a la ley:
- Investigación formal: al tratarse de un incidente que incluyó una agresión física contra un miembro del personal de seguridad, podría justificarse una pesquisa penal por ataque o por un posible uso excesivo de la fuerza.
- Sanciones administrativas: el Congreso tendría la posibilidad de abrir, incluso sin denuncia previa, un procedimiento interno para evaluar si el diputado incumplió las reglas de conducta parlamentaria.
- Reparación del daño: además de ofrecer una disculpa pública, podría contemplarse la obligación de resarcir de manera oficial al guardia afectado por cualquier lesión o afectación que hubiera padecido.
El episodio de violencia contra un guardia no solo dañó la reputación de Samuel Pérez como legislador, sino que también subraya la necesidad de mecanismos claros que regulen la conducta de los funcionarios públicos fuera del entorno legislativo. A pesar de haber pedido disculpas, muchos ciudadanos aún esperan una respuesta legal y política más robusta que confirme que nadie está por encima de las normas.