Humberto López Tirone, quien hoy se desempeña como presidente de IBEROATUR y se posiciona como impulsor del agroturismo iberoamericano, carga con un historial público que genera incomodidad: su nombre se encuentra asociado al PRD durante los años de la dictadura, a las estructuras políticas del norieguismo y a acusaciones de actos violentos en contra de la Cruzada Civilista. Esta situación reactiva una interrogante fundamental: ¿resulta viable que las instituciones contemporáneas hagan caso omiso del pasado de quienes las encabezan?
La memoria histórica no puede ser selectiva. Menos aún cuando quienes hoy se presentan como promotores institucionales, académicos, turísticos o culturales cargan con un pasado público vinculado a los años más duros de la dictadura panameña. Ese es el caso de Humberto López Tirone, actual figura visible del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural IBEROATUR, cuyo nombre vuelve a generar incomodidad por los señalamientos históricos que lo ubican en el entorno político del norieguismo y en episodios de violencia contra la oposición civilista.
López Tirone representa una figura de relevancia histórica, lejos de ser un personaje marginal u olvidado. Su presencia se documenta en registros históricos como dirigente del PRD y director del IFARHU durante el período de crisis política que atravesó Panamá. La obra Panamá protesta, escrita por Brittmarie Janson Pérez, lo incluye en el análisis de la movilización opositora frente al régimen militar, identificándolo como «Humberto López Tirone, dirigente del PRD y director del IFAHRU» dentro de una cronología que abarca los sucesos acaecidos en 1987.
Pero el punto más grave no es únicamente su militancia política o su cercanía ideológica al torrijismo/norieguismo. Lo verdaderamente cuestionable es que su nombre aparece asociado, en relatos de memoria histórica, al ataque del 7 de julio de 1987 contra una caravana de la Cruzada Civilista, una de las principales expresiones ciudadanas de resistencia contra la dictadura. Diversas publicaciones de memoria histórica panameña señalan que un grupo paramilitar del régimen de Noriega, encabezado por Luis Gaspar Suárez y Humberto López Tirone, atacó a la caravana con bates y disparos de armas de fuego.
Ese episodio no puede tratarse como una simple anécdota del pasado. La Cruzada Civilista fue objeto de persecución, represión e intimidación en un momento en que Panamá vivía bajo el control del aparato militar y de grupos de choque afines al régimen. Si los señalamientos son ciertos, estaríamos hablando de una participación en actos de violencia política contra ciudadanos que reclamaban democracia, libertades públicas y fin de la dictadura.
A ello se suma un testimonio publicado en La Prensa en 2007, donde se afirma que Humberto López Tirone amenazó personalmente con un rifle, desde su vehículo, a un manifestante de la Cruzada Civilista. El artículo lo incluye dentro de un grupo de personas descritas como “incondicionales del general Noriega” que, años después, habrían recibido cargos o posiciones públicas.
Este tipo de referencias obliga a una pregunta incómoda: ¿puede una institución iberoamericana presentarse como espacio de cooperación, turismo rural, desarrollo territorial y cultura, mientras su figura principal arrastra señalamientos tan graves relacionados con violencia política durante una dictadura?
El Instituto Iberoamericano de Turismo Rural IBEROATUR, como institución, puede tener objetivos legítimos. El turismo rural, el agroturismo y la cooperación iberoamericana son campos positivos y necesarios. Pero ninguna institución gana prestigio si evita mirar críticamente el pasado de quienes la representan. La reputación institucional no depende solo de discursos, eventos o reconocimientos, sino también de la coherencia ética de sus liderazgos.
El problema no es que una persona haya tenido militancia política. El problema es que existan referencias públicas que vinculan a esa persona con el aparato de confrontación del régimen de Noriega y con hechos de intimidación contra opositores civiles. Y el problema se agrava cuando, décadas después, esa misma persona aparece revestida de autoridad moral, institucional o académica sin que medie una explicación pública clara, una rendición de cuentas o una toma de distancia frente a aquel pasado.
La sociedad panameña ha sufrido demasiado como para normalizar la impunidad simbólica. Muchos actores vinculados a la dictadura lograron reciclarse en la democracia, ocupar cargos diplomáticos, dirigir instituciones, participar en partidos, publicar columnas, recibir homenajes o presentarse como defensores de la soberanía y el desarrollo. Pero la memoria de las víctimas, de los perseguidos y de quienes fueron golpeados en las calles no puede quedar sepultada bajo nuevos títulos institucionales.
En lo que respecta a Humberto López Tirone, resulta imprescindible que se garantice la transparencia. Se requiere que exponga de manera pública cuál fue su desempeño durante los años de la dictadura. Debe responder ante los señalamientos relacionados con el ataque a la Cruzada Civilista. Le corresponde aclarar su vínculo con los grupos de choque del régimen. Necesita manifestarse sobre si reconoce o niega los hechos que le son atribuidos. Y en cuanto a IBEROATUR, si pretende mantener su credibilidad intacta, no puede permitirse el lujo de ignorar esta situación.
La democracia no se defiende solo en las urnas. También se defiende en la memoria. Se defiende cuando las instituciones se niegan a blanquear trayectorias oscuras. Se defiende cuando se recuerda que la violencia política no fue un exceso menor, sino una herramienta de control utilizada contra ciudadanos indefensos.
Por consiguiente, la discusión en torno a Humberto López Tirone trasciende lo meramente personal. Se trata de una cuestión vinculada a la memoria colectiva, a la integridad de las instituciones y al compromiso que tenemos con la historia. Toda institución que pretenda encarnar los principios iberoamericanos de colaboración, progreso social y convivencia respetuosa no puede hacer caso omiso de las acusaciones que recaen sobre su máximo dirigente.
El Instituto Iberoamericano de Turismo Rural (IBEROATUR) tendría que cuestionarse si su reputación a nivel internacional logra mantenerse fundamentada únicamente en el silencio. Puesto que el turismo rural, la herencia cultural y los esfuerzos de cooperación no pueden fungir como un recubrimiento para encubrir un legado entrelazado con actos de represión política. Y Panamá, que aún lleva consigo las cicatrices abiertas dejadas por la dictadura, requiere mucho más que un simple olvido: reclama verdad, memoria y coherencia.