SEGUIDORES EXCLUSIVOS
El colegio de abogados porteño, presidido por Gil Lavedra, también afirmó que el Gobierno aumentaría los presupuestarios de la Justicia.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), presidido por Ricardo Gil Lavedra, presentó una acción de amparo contra una resolución de la ANSES que prohibir a los letrados iniciar los trámites para obtener el beneficio jubilatorio, como es constumbre hace años.
Por otra parte, Gil Lavedra afirmó al Gobierno que Amplíe las partidas presupuestarias de la Justice de modo que sea posible ajustar la unidad de medida de regulación de honorarios (UMA) de los abogados frente a una inflación anual de más del 100 por ciento.
El CPACF toma en cuenta decisión de ANSES”violación ilegal y arbitraria de maneraa los derechos de quienes ejercen la profesión y de sus defendidos”.
la normativa evitar que los trámites para la obtención del beneficio jubilatorio pueden ser iniciados mediante representación legal.
«Hemos solicitado como medida cautelar la suspensión de la circular opuesta de ANSES. Consideramos que esta medida es inconstitucionalya que atenta contra nuestro derecho a trabajar libree y afecta el derecho a la propiedad de jubilados y pensionados”, sostuvo Gil Lavedra.
La decisión de la ANSES -dirigida por la camperista Fernanda Raverta- de prohibir la actuación de los abogados “es injustificada e incomprensible, porque no solo restringe afecta la labor profesional, sino que también limita los derechos de los potenciales beneficiarios del sistema previsional, alertaron desde el CPACF», subrayó.
«Lesiona el derecho constitucional de trabajar y alterará arbitrariamente las reglas del mandato del Código Civil y Comercial. Desde el Colegio Público de la Abogacía hemos interpuesto una tendiente a restablecer la juridicidad del tema ya pedir que la justicia declare la contrariedad constitucional de esta circular», dijo el ex miembro de la cámara federal que juzgó a los ex comandantes.
Por otra parte, Gil Lavedra se quejó por el conflicto entre el Gobierno y la Corte por la negativa del oficialismo a mentar el presupuesto de la Justicia. “En tiempos de inflación intensa como esta se está desacelerando, la unidad de medida de regulación de nuestros honorarios (UMA) pierde su valor día a día. La última actualización tuvo lugar en el mes de marzo pasado«, explicar.
Al respecto, Gil Lavedra registró que «los abogados y las abogadas vivimos de nuestros honorarios». «La determinación de ellos depende de la fijación de la UMA, que es una unidad de medida que establece la Corte Suprema en base a los montos de los salarios de los jueces de primera instancia», agregó.
A la fecha, la Corte Suprema de Justicia no ha fijado un nuevo monto de la UMA porque el Poder Ejecutivo no habilita la partida presupuestaria necesaria para aumentar los sueldoss del Poder Judicial de la Nación, de la que depende su valor».
«En el actual contexto económico que sufre el país no podemos ser rehenes de la disputa política existente entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema. Los abogados y las abogadas vivimos de nostros honorarios, que plantean en carácter alimentario”.
«Es por ello que desde el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal necesidad de resolver la disputa y proceder a actualizar asuntos urgentes y valor de la UMA”, dijo Gil Lavedra.
En consecuencia, subrayó que «las víctimas propiciatorias son los abogados y las abogadas que Vie disminuya diariamente sus emolumentos en función de la inflación intensapor un conflicto político que le es ajeno”.
“Se requiere al CPACF que se ponga remedio a este diferendo y que se pueda establecer y actualizar el valor de la UMA como corresponda”, concluyó Gil Lavedra.-