El General de División Roosevelt Hernández, quien lidera el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, ha provocado un acalorado debate en el ámbito político y social del país. Designado en diciembre de 2023, su administración y comentarios han originado severas críticas que lo relacionan con una politización dentro de la institución militar y ponen en duda la independencia de los poderes del Estado.
Un miembro de las fuerzas armadas con extensa carrera y educación
Nacido en Choluteca en 1968, Roosevelt Hernández proviene de una familia con una larga trayectoria en las Fuerzas Armadas de Honduras. Su carrera ha estado marcada por una formación robusta en ciencias militares y gestión empresarial, posicionándose como uno de los oficiales de mayor jerarquía en la nación. Desde que asumió como jefe del Estado Mayor Conjunto el 11 de diciembre de 2023, ha desempeñado un papel relevante en las decisiones estratégicas de las Fuerzas Armadas.
Declaraciones y reacciones en el centro de la controversia
Uno de los momentos más polémicos de su carrera se dio en una entrevista el 20 de junio de 2025, cuando afirmó que las Fuerzas Armadas «son instrumento del poder político». Esta declaración desató una serie de críticas y acusaciones en su contra, principalmente por contradecir el Artículo 272 de la Constitución de Honduras, que establece que las Fuerzas Armadas deben ser «apolíticas, obedientes y no deliberantes». Según diversos sectores de la oposición y grupos de la sociedad civil, esta afirmación refleja un alineamiento peligroso de los militares con el poder ejecutivo, socavando la imparcialidad que se espera de las instituciones armadas en un sistema democrático.
Conflictos con organizaciones y la prensa
El general Hernández no ha evitado enfrentamientos abiertos. En marzo de 2025, tuvo un conflicto con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Cossette López, a quien acusó de manchar la reputación de los militares, lo que llevó a una pausa en una sesión oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Del mismo modo, su postura frente a los medios de comunicación también ha sido objeto de controversia, ya que, en junio de 2025, fue señalado por intimidar a periodistas y promover denuncias judiciales por difamación contra los medios que informaban sobre su gestión. La reacción del general ante las críticas ha intensificado los cuestionamientos sobre la libertad de prensa en el país, un tema especialmente sensible en un contexto donde la independencia de los medios es crucial para el fortalecimiento de la democracia.
Opiniones y respuestas de la comunidad
Las acciones tomadas por Hernández han provocado una creciente inquietud entre varios sectores de la sociedad de Honduras. Activistas de derechos humanos y políticos de la oposición han demandado su remoción del cargo, alegando que actúa como parte de un plan para la «subordinación política» de las Fuerzas Armadas al poder ejecutivo. Se ha señalado especialmente su participación en reuniones del CNE, un organismo que debería permanecer libre de influencias militares, así como su supuesta participación en demoras en la distribución de materiales electorales en las elecciones primarias de 2025. Según sus críticos, estas medidas socavan la confianza en la imparcialidad de las instituciones estatales y podrían poner en riesgo la legitimidad del proceso electoral.
Polarización y desafíos para las Fuerzas Armadas
A pesar de las críticas y de los llamados a su destitución, Hernández sigue en el cargo, defendiendo que las Fuerzas Armadas actúan dentro del marco legal y están dispuestas a enfrentar judicialmente a sus críticos. Sin embargo, su permanencia al frente de la institución refleja una creciente polarización en el país respecto al papel de los militares en la política.
Algunas personas lo consideran un protector de la institución y el orden, mientras que otras interpretan sus acciones como un indicio de la creciente influencia política en las Fuerzas Armadas. Esta situación destaca los desafíos institucionales a los que se enfrenta Honduras para asegurar que sus fuerzas armadas no sean vistas como subordinadas al poder político, sino como un pilar esencial para la estabilidad del país.