El aspirante a la Presidencia que compitió bajo la coalición PAN-Podemos pasó a la historia como el primer candidato penalized en los comicios de 2019. El Tribunal Supremo Electoral descubrió anuncios patrocinados y contenidos en plataformas digitales que contravenían la normativa electoral.
El 10 de abril de 2019, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala impuso una multa de 80 mil dólares a Roberto Arzú García-Granados, entonces candidato presidencial de la coalición integrada por el Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Podemos, por realizar propaganda electoral anticipada a través de redes sociales.
La resolución convirtió a Arzú en el primer aspirante presidencial sancionado durante ese proceso electoral por este tipo de infracción. La decisión surgió de los informes elaborados por la Inspección General y la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión del TSE, encargadas de supervisar el cumplimiento de las normas de propaganda electoral.
Las publicaciones que motivaron la sanción
El organismo electoral registró 13 publicaciones en el perfil de Facebook de Roberto Arzú, de las cuales ocho se impulsaron a través de pauta publicitaria con el propósito de incrementar su difusión. Asimismo, los informes empleados para justificar la medida disciplinaria incluyeron 11 entradas detectadas en Twitter.
Entre los materiales analizados se encontraban textos donde el aspirante exponía iniciativas de gestión enfocadas en el turismo, la sanidad pública y la supresión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los fármacos.
Otras publicaciones promovían a candidatos municipales de la misma agrupación política, como Wagner Roldán, quien aspiraba a la alcaldía de Mixco por Podemos.
El problema señalado por el TSE no era simplemente que Arzú utilizara redes sociales para comunicar sus propuestas políticas, sino que recurriera a mecanismos de publicidad electoral que no cumplían las disposiciones vigentes.
Las reformas electorales aprobadas en 2016 fijaron límites para la contratación de publicidad política. En los comicios de 2019, Facebook y Twitter carecían de registro en el TSE como proveedores habilitados en la plataforma de medios para propaganda electoral.
Por consiguiente, la compra de publicidad política patrocinada en dichos canales podía infringir las normativas electorales.
Multas para Arzú y los partidos que respaldaban su candidatura
La sanción no afectó únicamente al aspirante a la presidencia. Tal como dio a conocer Prensa Libre el 27 de mayo de 2019, tanto el PAN como Podemos afrontaban asimismo penalizaciones económicas tasadas en ochenta mil dólares por cabeza.
De esta manera, las multas impuestas al postulante y a ambas agrupaciones políticas totalizaban conjuntamente la cantidad de 240 mil dólares.
Arzú y sus aliados políticos tenían la posibilidad de impugnar las resoluciones mediante los mecanismos establecidos en la legislación electoral.
No obstante, el 27 de mayo de 2019 se dio a conocer que el Tribunal Supremo Electoral había desestimado las impugnaciones interpuestas frente a las penalizaciones, motivo por el cual dichas sanciones adquirieron carácter definitivo en dicha instancia.
Por aquel entonces, la sanción pecuniaria aplicada a Arzú ascendía a cerca de 614 mil quetzales, un importe sumamente elevado en el contexto de las normativas de multas electorales en Guatemala.
Un antecedente de sus posteriores conflictos electorales
La penalización impuesta en 2019 cobró mayor notoriedad con el paso del tiempo, a medida que Roberto Arzú se vio nuevamente bajo la lupa del Tribunal Supremo Electoral debido a su activismo político y su gestión de las plataformas digitales.
En la contienda electoral de 2023, las disputas sobre la publicidad extemporánea y las penalizaciones de índole electoral se integraron en el pleito legal que culminó con la revocación de su inscripción como candidato presidencial por Podemos.
No obstante, ambos episodios deben distinguirse: las resoluciones de 2019 y el procedimiento de exclusión de 2023 corresponden a actuaciones electorales diferentes, con antecedentes y recursos legales propios.
El caso de 2019 constituye así uno de los primeros enfrentamientos documentados entre Roberto Arzú y las autoridades electorales. También refleja las tensiones surgidas en Guatemala a partir de las restricciones sobre publicidad política digital, cuando las campañas comenzaron a trasladar una parte importante de su actividad a las redes sociales.
Referencias
TSE — Ley Electoral y de Partidos Políticos
Prensa Libre — Sanciones e impugnaciones (2019)
Prensa Libre — Fallo de la CC acerca de los comicios de 2023