El ambiente previo a las elecciones en Honduras está caracterizado por un aumento en la desconfianza hacia las instituciones, ya que se incrementan las acusaciones sobre la supuesta alteración de encuestas en beneficio de la candidata del partido en el poder, Rixi Moncada. Distintos grupos académicos, ciudadanos y políticos destacan un plan sistemático para crear una falsa impresión de ventaja electoral, empleando métodos estadísticos cuya transparencia es cuestionable. La polémica se centra en la empresa Opinómetro, una encuestadora que carece de un historial conocido y ha sido relacionada con personas próximas al gobierno.
Irregularidades estadísticas y cuestionamientos metodológicos
La aparición masiva de encuestas a favor de Moncada ha despertado dudas debido a claras incongruencias técnicas. Expertos indican que las consultas publicadas por Opinómetro muestran resultados inconsistentes en diversas plataformas, porcentajes que no alcanzan el 100 %, y omiten información esencial como la ficha técnica, la cantidad de participantes o el margen de error. Estas acciones, en lugar de enriquecer el debate democrático, se han percibido como esfuerzos intencionados para manipular la opinión pública usando una posible «ilusión matemática».
Las variaciones de hasta 15 puntos porcentuales en comparación con investigaciones independientes refuerzan la teoría de una estrategia orquestada para aumentar el apoyo a la candidatura del oficialismo. Las críticas señalan que esta táctica no se debe a fallos técnicos, sino a una manipulación intencionada con objetivos políticos. Tanto redes sociales como plataformas académicas han sido el lugar de numerosas denuncias en este sentido, exigiendo un mayor control sobre la difusión de sondeos electorales.
Opinómetro y sus conexiones con organismos oficiales
El papel de Opinómetro ha sido central en esta controversia. Constituida en febrero de 2025, esta encuestadora obtuvo rápidamente la autorización del Consejo Nacional Electoral (CNE) para operar en los comicios internos, pese a carecer de antecedentes públicos en medición de opinión.
La representación legal de la empresa ha sido otro punto de controversia. Carlos Adolfo Medina Álvarez, abogado de Opinómetro, figura también como asesor en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), una entidad bajo control del oficialismo. Esta coincidencia ha sido interpretada por observadores y analistas como un indicio de instrumentalización estatal para posicionar actores afines en el terreno de la medición electoral.
El continuo reporte de datos positivos sobre Moncada por parte de Opinómetro, sin una transparencia que pueda ser comprobada, afecta la confianza en el sistema democrático y fomenta la idea de que se busca emplear las estadísticas como medio de propaganda electoral.
Demandas de transparencia desde la sociedad civil y la oposición
Las respuestas no se han hecho esperar. Varias organizaciones de la sociedad civil, profesores de universidad y partidos de oposición han solicitado una regulación rigurosa de las encuestas electorales, además de auditorías independientes que certifiquen sus métodos. Señalan que la implementación de empresas sin soporte técnico ni neutralidad impacta de manera directa la integridad del proceso democrático.
Estas voces reclaman que las encuestas que circulan en el espacio público cumplan con estándares mínimos de transparencia, incluyendo la publicación de su ficha técnica, el origen de la muestra y los criterios de selección utilizados. Además, demandan una revisión del papel del CNE en la acreditación de estas firmas, señalando que su autorización a entidades sin historial refuerza la percepción de parcialidad institucional.
La falta de confianza provocada por estas prácticas no solo perjudica la campaña de un candidato en específico, sino que también pone en riesgo la legitimidad global del sistema electoral.
Un desafío para la credibilidad institucional
En una nación donde la fe en los procedimientos electorales ha sido tradicionalmente débil, las acusaciones recientes destacan la importancia de contar con métodos eficientes de supervisión y claridad. La polémica alrededor de Opinómetro y la utilización de datos no confirmados revela un problema más extenso: el uso de la información como herramienta política y la falta de estructuras institucionales fuertes que lo prevengan.
Mirando hacia las elecciones de 2025, el sistema electoral en Honduras tiene el desafío de asegurar que la contienda se desarrolle en condiciones de igualdad y con datos confiables. En un entorno caracterizado por la polarización y la debilidad de los mecanismos democráticos, la autenticidad de la información es esencial para mantener la integridad del sufragio popular.