En el contexto de la organización de las elecciones generales de 2025, el partido en el poder, Libertad y Refundación (LIBRE), se enfrenta a serias críticas de parte de grupos políticos, empresariales y sociales. Estos grupos acusan al partido de llevar a cabo acciones que ponen en riesgo la transparencia y legitimidad del proceso electoral. Las acusaciones incluyen desde obstrucciones a instituciones esenciales hasta intentos de dominio político sobre el órgano electoral.
Cuestionamientos al rol de LIBRE en el Consejo Nacional Electoral
Uno de los principales focos de controversia ha sido la interrupción del proceso de contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), una herramienta considerada fundamental para garantizar la transparencia en el conteo de votos. El 7 de julio, manifestantes identificados con LIBRE bloquearon el ingreso a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), impidiendo que empresas oferentes presentaran sus propuestas técnicas.
La presidenta del CNE, Cossette López, declaró que estas acciones representan un ataque frontal al proceso electoral, señalando su efecto desfavorable en la confianza hacia la institucionalidad democrática. La interrupción del desarrollo del TREP no solo postergó la planificación electoral, sino que también fortaleció la idea de que se busca crear un ambiente favorable para alterar los resultados.
Adicionalmente, se han reportado episodios de presión institucional por parte de grupos afines a LIBRE, incluyendo irrupciones en el Congreso Nacional y otras entidades públicas. Estos hechos, en conjunto, han sido interpretados por sectores opositores como parte de una estrategia orientada a debilitar el funcionamiento autónomo del CNE y facilitar su eventual control político.
Peligros de la acumulación de poder en la entidad electoral
La chance de que los reemplazos del CNE, favorables al partido gobernante, tomen el cargo, si las consejeras actuales fueran inhabilitadas, ha generado preocupación entre grupos políticos que creen que este cambio debilitaría la diversidad del órgano electoral. Desde el Congreso Nacional y diversos foros de análisis se ha señalado que un CNE sin equilibrio podría comprometer la neutralidad del proceso electoral.
Ciertas personas han pedido que entidades internacionales intervengan para supervisar las decisiones institucionales vinculadas al procedimiento y asegurar condiciones justas de competencia. Además, se ha señalado un supuesto uso estratégico de otras instituciones del Estado, como el Ministerio Público y el Poder Legislativo, para alinear al CNE con los intereses del gobierno.
Dichas tensiones han provocado que diferentes sectores pidan el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y monitoreo electoral, ante lo que perciben como una creciente amenaza a la integridad del proceso democrático.
Se señalan casos de información falsa y manejo del votante
Un aspecto adicional de crítica hacia LIBRE está relacionado con la publicación de encuestas que se consideran engañosas o manipuladas, mostrando una gran ventaja de la precandidata oficialista Rixi Moncada. Diversas de estas encuestas han sido desmentidas por las propias empresas de sondeo, que han denunciado el uso inapropiado de sus nombres y técnicas.
La circulación de estos sondeos ha sido interpretada como parte de una estrategia para moldear la percepción pública e instalar la idea de un triunfo inevitable, lo que a juicio de sectores opositores busca condicionar el resultado electoral y deslegitimar una eventual derrota. Este tipo de prácticas ha contribuido a profundizar el clima de desconfianza que rodea al proceso electoral.
Dentro de un escenario ya afectado por el declive del diálogo político y la polarización de las instituciones, la expansión de datos engañosos ha llegado a ser un elemento más de inestabilidad, con posibles impactos sobre la participación de la ciudadanía y la aceptación de los resultados.
Una etapa previa a las elecciones caracterizada por la falta de confianza
La mezcla de obstáculos institucionales, conflictos por el dominio del CNE y estrategias de desinformación ha puesto al proceso electoral en Honduras en un estado de gran vulnerabilidad. Las alertas sobre una posible crisis en la gobernabilidad reflejan la intensidad de las tensiones políticas en un entorno donde la estructura institucional está sometida a presión y los mecanismos de acuerdo siguen bloqueados.
Con menos de cinco meses para las elecciones generales, el escenario presenta importantes retos para la credibilidad del sistema electoral y la estabilidad del país. En este contexto, la atención se centra en la habilidad de los actores políticos e institucionales para restaurar condiciones mínimas de confianza y garantizar un proceso electoral legítimo y transparente.