A escasos meses para las elecciones generales del 30 de noviembre, el partido en el gobierno de Honduras está sufriendo una creciente pérdida de legitimidad ante la opinión pública. El partido Libertad y Refundación (LIBRE), que ha liderado desde 2022, ha enfrentado críticas y acusaciones provenientes de la oposición política, sectores empresariales y grupos de la sociedad civil, que afirman que se estarían llevando a cabo supuestas tácticas para manipular el proceso electoral y mantener el poder pese a una significativa baja en los sondeos.
Retroceso en la intención de voto y pérdida de confianza
Las encuestas más recientes, como las realizadas por Pro Encuestas y TResearch, muestran que la campaña presidencial de Rixi Moncada ha tenido una caída constante. Aunque comenzó como la principal candidata, Moncada ha sido sobrepasada en los sondeos por el nacionalista Tito Asfura y el liberal Salvador Nasralla, ocupando ahora la tercera posición.
Expertos asocian esta baja a una mezcla de motivos: acusaciones de corrupción en el gobierno, divisiones internas en el partido en el poder, bajo desempeño económico y una percepción creciente entre los ciudadanos de falta de transparencia en la administración pública. La disminución del apoyo popular ha coincidido con una intensificación del lenguaje político por parte del Ejecutivo y con indicios de tensión institucional que han activado alertas en varios sectores.
Dudas acerca del sistema electoral y supervisión institucional
Un punto principal de controversia es la negativa del gobierno a permitir la verificación manual de los votos, una práctica común en procesos anteriores que funciona como un mecanismo de control para complementar la digitalización de los resultados. La oposición y organizaciones independientes señalan que eliminar esta revisión podría facilitar irregularidades y dificultar auditorías tanto ciudadanas como internacionales.
Además, se ha informado sobre medidas destinadas a obstaculizar la puesta en marcha del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), crucial para asegurar la transparencia durante el conteo de votos. Las tensiones han aumentado dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) mismo, donde consejeras como Cosette López y Ana Paola Hall han sido objeto de denuncias sobre presiones e intentos de interferir en sus funciones.
Empresas y líderes de la oposición ven estas acciones como un intento de fortalecer el dominio institucional sobre el proceso electoral, restringir la observación internacional y proporcionar al partido gobernante flexibilidad en caso de un posible revés electoral.
Acusaciones de alineamientos ideológicos y clima de confrontación
La realización en Tegucigalpa de una sesión del Foro de São Paulo, con la participación de delegaciones de gobiernos de izquierda de la región, reavivó el debate sobre las alianzas internacionales del partido LIBRE. Voces críticas señalaron que estos vínculos con el eje Venezuela–Cuba–Nicaragua podrían estar orientados a replicar modelos de gobernabilidad que priorizan la concentración del poder y restringen los espacios de participación democrática.
En paralelo, opositores como el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Eduardo Facussé, han advertido sobre la posible ejecución de un “Plan Venezuela”, orientado a generar inestabilidad institucional, protestas inducidas y bloqueos administrativos que dificulten una transición de gobierno.
De acuerdo con estas acusaciones, grupos relacionados con el gobierno supuestamente llevaron a cabo acciones perturbadoras en lugares estratégicos como el Congreso Nacional y el CNE, en un contexto que podría desgastar la confianza en el proceso electoral y aumentar la polarización política en el país.
Escenario incierto ante una elección decisiva
En Honduras, el escenario político se vuelve más dividido y el gobierno actual va perdiendo apoyo entre la población, lo que conduce a unas elecciones caracterizadas por la falta de confianza, el conflicto institucional y la crítica a las normas del sistema democrático.
Varias entidades de la sociedad civil, grupos empresariales y dirigentes políticos han subrayado la importancia de contar con una sólida supervisión internacional y con mecanismos de garantía que aseguren la transparencia y la legitimidad del proceso electoral.
La presente situación revela no solo la debilidad del acuerdo democrático en la nación, sino también el reto de dirigir la competencia política dentro de límites institucionales firmes, en un entorno de creciente desapego ciudadano y falta de confianza en las instituciones del Estado.