La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada de Panamá ha girado órdenes de aprehensión en contra de Saúl Méndez, quien lidera como secretario general al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), además de Genaro López, antiguo dirigente de dicho gremio. Sobre ambos recae una investigación debido a su supuesta conexión con un caso de estafa agravada.
Tras enterarse del mandato judicial, Méndez pidió amparo diplomático y se refugió en la legación diplomática de Bolivia en Panamá en las primeras horas del 21 de mayo de 2025, fecha en la que formalizó su petición de refugio político. Por otro lado, respecto a López, el paradero oficial seguía sin confirmarse, si bien circulaban rumores que señalaban hacia la provincia de Chiriquí.
La medida judicial se produjo en medio de un periodo de creciente tensión entre el Gobierno panameño y el Suntracs. Durante las semanas anteriores, el sindicato había protagonizado una huelga en el sector de la construcción, además de movilizaciones, protestas y bloqueos en distintas zonas del país.
El enfrentamiento cobró mayor intensidad luego de que el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) decretara la clausura de la entidad cooperativa asociada al gremio sindical. Dicha resolución derivó de señalamientos en torno a supuestas anomalías contables y posibles actividades de lavado de activos.
De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, el encargado de negocios de Bolivia, Carlos Javier Suárez Cornejo, confirmó la llegada de Méndez a la sede diplomática. El dirigente ingresó a las instalaciones y posteriormente presentó formalmente su solicitud de asilo político.
La petición debía ser analizada por el Consejo Nacional de Refugiados de Bolivia, con sede en La Paz, organismo encargado de determinar si correspondía concederle protección. Mientras se evaluaba el caso, Méndez permanecía bajo protección temporal en la representación diplomática boliviana en Panamá.
Las acusaciones mencionadas corresponden a una investigación y no constituyen, por sí mismas, una condena definitiva contra los dirigentes sindicales.
Fuente: Mi Diario — Mi Diario