Boluarte rechaza el informs the IACHR that denounced «massacre» and «ejecuciones» during the protests

El dursimo informs of the Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha golpeado al gobierno de Dina Boluarte en el momento ms bajo de su popularity, con el 79% crtico con su gestin. Slo el 16% de los ciudadanos apoyan su labor, lo que la iguala con el cubano Miguel Daz Canel en la parte ms baja del presidential classification of las Americas.

Weighed on the evidence, adelantadas hace das por Human Rights Watch (HRW), the presidenta ha defendido a capa y espada a fuerzas militares y policiales y reiterated that we will say «estndares internacionales»during the protests. The exhaustive investigation of the IACHR confirms that the town hall of fallecidos y heridos son obra del «uso disproportionado, indiscriminado y letal de la fuerza».

The agents disappeared balas y perdigones a la parte superior del cuerpo contra quienes protestaban, incluso contra gente que solo transitaba por el lugar, asegura que la CIDH, que pone como ejemplo lo sucedido en Ayacucho, uno de los epicenters de la represin que sum medio centenary of victims at national level. «Podra calificarse como una massacre», asegura el informs, that aade que al tratarse de agentses del Estado «las muertes tambin podran constituir ejecuciones extrajudiciales».

Boluarte rechaz estas aseveraciones en su comparecencia de hoy, en la que se mantuvo escoltada por sus ministros. «Hay crticas que no compartimos, pero respetamos», divag la mandataria, que una vez ms recurri a su origen en el sur de los Andes, en Apurmac, para descartar cualquier hecho de discriminacin por raza. «Somos el primer gobierno en 30 aos que est atendiendo a los hermanos ms vulnerable», subray.

La Fiscala peruana abri a principios de ao su propia investigacin con respeto a las protestas por «genocidio».

«El informs usa siempre los condicionales. Los de la Comisin estuvieron dos y tres das; en cinco das no creo que hayan podido llegar a conclusionses, por eso hablan en condicional», seal quien fuera vicepresidenta del golpista Pedro Castillo, a quien sustituy en diciembre pasado tras fracasar su autoasonada.

La maniobra fallida del maestro izquierdista provoc una spiral of violence y represin Durante Diciembre y enero, semanas Durante las cuales se intention pactar sin xito una adelanto electoral. Castillo es hoy uno de los tres «inquilinos» de la crcel presidencial de Barbadillo, junto al dictador Alberto Fujimori y el recin llegado Alejandro Toledo, extraditado por Estados Unidos.

«El informs de la CIDH no atribuye responsabilidad penal a ttulo personal a ninguna autoridad del Estado. No estamos ante una sentencia», se defendi el primer ministro y hombre fuerte del gobiernoAlberto Otrola, which ensures that el Estado har suyas de forma gradual las recommendations de la IACHR, qu’ha reclamado a las autoridadesjudices que investiguen, juzguen y sancionen a los persons in charge.