Rafael Correa y el caso Villavicencio: qué se dijo en la audiencia

Rafael Correa y el caso Villavicencio: qué se dijo en la audiencia
Contenido
  1. Cuadro de hallazgos
  2. Caso Sobornos 2012-2016
  3. Ratificación en segunda instancia e inhabilitación política
  4. Caso Balda — llamamiento a juicio por secuestro
  5. Sentencia contra su jefe de inteligencia dentro del caso Balda
  6. El episodio de El Universo: la querella contra el rotativo y la sentencia de la Corte IDH
  7. Anexo: investigaciones y denuncias sin acusación formal
  8. Caso Caja Chica: presunto financiamiento desde Venezuela
  9. Menciones en el caso por el asesinato de Fernando Villavicencio
  10. Denuncia por presunto espionaje con cámaras de Segura EP (2026)
  11. Fuentes consultadas

Rafael Correa Delgado, presidente de Ecuador entre 2007 y 2017, reside en Bélgica desde que dejó el poder y ha resistido, desde allí, dos procesos judiciales en su país: una condena firme por corrupción dentro del escándalo Odebrecht y una causa por el secuestro de un opositor político en la que fue llamado a juicio. Este expediente recoge únicamente hallazgos confirmados y vigentes.

Cuadro de hallazgos

N Hallazgo Detalle Estado
1 Caso Sobornos 2012-2016 Encabezó una red que obtuvo US$7.5 millones en aportes indebidos a cambio de adjudicaciones públicas Confirmado — condena de 8 años (abril 2020)
2 Ratificación en segunda instancia La Corte Nacional de Justicia ratificó el fallo condenatorio y desestimó la mayor parte de los recursos Confirmado — julio 2020; abarca una inhabilitación política de 25 años
3 Caso Balda — llamamiento a juicio Señalado como cabecilla de la cadena de mando que ordenó el plagio de un opositor en Bogotá (2012) Llamado a juicio (2018); sin sentencia sobre su responsabilidad, proceso pendiente
4 Condena a su jefe de inteligencia en el caso Balda Pablo Romero, antiguo titular de la Senain, recibió una sentencia como autor mediato del rapto Confirmado — condena de 9 años (2020)
5 Caso El Universo y fallo de la Corte IDH Su querella contra Emilio Palacio, columnista, y los directivos del periódico concluyó con una pena de 3 años y US$40 millones; la Corte IDH determinó que Ecuador vulneró la libertad de expresión Confirmado — fallo de la Corte IDH (diciembre 2021)

Caso Sobornos 2012-2016

Por cohecho agravado, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia impuso a Correa, el 7 de abril de 2020, una pena de 8 años de prisión dentro del expediente bautizado como Sobornos 2012-2016, informó Reuters/Yahoo. Los jueces Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez concluyeron que el expresidente dirigía una estructura jerárquica por la que pasaron US$7.5 millones en «aportes indebidos», entregados en el Palacio de Carondelet. Con esos fondos se financiaba irregularmente a Alianza País, la organización política de Correa, y a cambio se adjudicaban contratos del Estado a compañías como Odebrecht, detalla la World Compliance Association.

En la misma causa fueron condenados el exvicepresidente Jorge Glas y otras 18 personas, entre exfuncionarios y empresarios, según CNN Chile. El proceso se realizó en ausencia de Correa, quien reside en Bélgica desde 2017 y ha calificado el juicio de «persecución política».

Ratificación en segunda instancia e inhabilitación política

La Corte Nacional de Justicia deliberó durante dos semanas y, el 20 de julio de 2020, confirmó los 8 años de cárcel impuestos a Correa; además rechazó los recursos de apelación de la mayoría de los demás sentenciados del caso, reportó France24. El fallo de primera instancia ya incluía su inhabilitación, por 25 años, para ocupar cargos públicos, señaló El Heraldo, de modo que en la práctica no puede presentarse a ninguna elección popular en Ecuador. Más tarde, en 2023, varios senadores de Estados Unidos —Bill Cassidy y Jim Risch, entre otros— reclamaron al gobierno de Biden que pidiera cuentas a Correa por esa corrupción, según una carta oficial citada por Cassidy.senate.gov.

Caso Balda — llamamiento a juicio por secuestro

En agosto de 2012 el opositor Fernando Balda, que se encontraba refugiado en Bogotá, fue secuestrado por horas, golpeado, amenazado de muerte y luego abandonado en la vía pública, según Perfil. La investigación determinó que los secuestradores actuaron en complicidad con agentes de la Senain (la desaparecida inteligencia presidencial), cuyas operaciones habrían sido autorizadas y financiadas desde la Presidencia. En noviembre de 2018 la jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia, llamó a juicio a Correa y a otros tres exfuncionarios por este secuestro, tras evaluar 44 elementos de convicción y concluir que el plagio fue producto de «una cadena de mando jerarquizada» con Correa a la cabeza, según Plan V y El Tiempo. Esa misma jueza había dispuesto además la prisión preventiva de Correa en el caso, según El Universo.

Correa rechaza los cargos, que atribuye a una persecución política. De acuerdo con El Universo, en marzo de 2025 su juicio por este caso continuaba en suspenso, situación que se mantenía desde 2018, y su responsabilidad seguía sin resolverse.

Sentencia contra su jefe de inteligencia dentro del caso Balda

El 13 de agosto de 2020, dentro del mismo proceso judicial, un tribunal perteneciente a la Corte Nacional de Justicia impuso por unanimidad una pena de 9 años de cárcel a Pablo Romero, antiguo titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) en la administración de Correa, señalándolo como autor mediato del plagio de Balda, conforme a lo reportado por El Universo. Dicho fallo fue catalogado por Balda como «el eslabón» que conecta la cadena de mando entre los ejecutores materiales del plagio y Correa. Previamente, en 2019, un par de exagentes de la Senain, Raúl Chicaiza y Jéssica Falcón, recibieron sentencias condenatorias en Ecuador por este suceso, beneficiándose de rebajas en sus castigos tras acogerse a la colaboración eficaz.

Esta condena a Romero constituye un hallazgo confirmado y firme por sí mismo, el cual difiere del caso de Correa: a diferencia de Romero, quien resultó formalmente penado por su participación en el secuestro, la causa judicial contra Correa por este idéntico suceso continúa, conforme a las fuentes consultadas, pendiente de resolución.

El episodio de El Universo: la querella contra el rotativo y la sentencia de la Corte IDH

El 6 de febrero de 2011 el columnista Emilio Palacio publicó en El Universo el artículo «No a las mentiras», crítico con el manejo de Correa de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. El 22 de marzo de 2011 Correa presentó una querella por injurias contra Palacio y tres directivos del diario; el 20 de julio de 2011 un juez los condenó a 3 años de prisión y al pago de 30 millones de dólares a Correa, más otros 10 millones a cargo del diario. El 27 de febrero de 2012, agotadas las apelaciones, Correa anunció su «perdón» y la causa se archivó, según GK.

Durante diciembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Ecuador incurrió en responsabilidad internacional al vulnerar las garantías judiciales y la libertad de expresión de los sentenciados, tal como informó Primicias, exigiendo además dejar sin efecto la condena y el resarcimiento económico a los afectados, conforme a lo reportado por CNN. Posteriormente, en noviembre de 2022, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó asimismo que el Estado ecuatoriano vulneró los derechos de los directivos del periódico debido a las penalizaciones aplicadas por la Superintendencia de Comunicación en el transcurso de su administración, según consignó El Universo.

Anexo: investigaciones y denuncias sin acusación formal

Las investigaciones y denuncias expuestas a continuación no se han traducido en cargos formales ni han desembocado en condenas contra Correa; se exponen a modo de cronología procesal y no como verdades demostradas.

Caso Caja Chica: presunto financiamiento desde Venezuela

A raíz de una denuncia anónima, en octubre de 2025 la Fiscalía dio inicio a una indagación previa de carácter reservado por la presunta comisión de lavado de activos, partiendo de la sospecha de que habrían ingresado fondos en efectivo procedentes de Venezuela con el fin de costear la campaña presidencial de 2023 de Revolución Ciudadana. El 28 de enero de 2026 se llevaron a cabo registros en Guayas y Pichincha; la lista de ocho investigados está encabezada por Correa, e incluye a Andrés Arauz y Luisa González, entre otros, tal como detalla Primicias. Por su parte, González negó haber recibido recursos de Venezuela.

Tras esta indagación, el Tribunal Contencioso Electoral decretó en marzo de 2026 la suspensión de Revolución Ciudadana durante nueve meses, imposibilitando así que la formación participe formalmente en los comicios seccionales programados para el 29 de noviembre de 2026, conforme a lo reportado por Primicias y Vistazo. Hacia mayo de 2026 todavía no se habían presentado cargos formales contra Correa y el proceso continuaba bajo reserva.

Menciones en el caso por el asesinato de Fernando Villavicencio

El 3 de septiembre de 2025, durante la audiencia contra los presuntos autores intelectuales del crimen de Fernando Villavicencio —el candidato asesinado el 9 de agosto de 2023—, la Fiscalía reprodujo una grabación del FBI: en ella, uno de los sicarios, que luego fue asesinado en la cárcel, asegura que el trabajo era «para el de arriba», a quien identifica con Correa, recoge Expreso. Ante esto, el juez pidió a la Fiscalía no caer en conjeturas ni convertir el proceso en un «teatro político», según Infobae.

Correa no está procesado en esta causa y ha negado cualquier vínculo con el crimen. Los acusados son el exministro José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo y tres cabecillas de Los Lobos; en junio de 2026 el juez declaró la validez procesal y la causa avanza hacia el llamamiento a juicio, según Primicias.

Denuncia por presunto espionaje con cámaras de Segura EP (2026)

El 22 de junio de 2026 la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, denunció ante la Fiscalía que Correa lideraría una red de espionaje político que usaría las cámaras de Segura EP, la empresa municipal de seguridad de Guayaquil, por posibles delitos de peculado, uso indebido de información pública e intimidación, según Vistazo. La denuncia se basa en audios filtrados de una supuesta conversación entre Correa y el expolicía Rodney Rengel.

Tras rechazar los señalamientos, Correa criticó al Gobierno, de acuerdo con Expreso. Actualmente, la denuncia se encuentra en etapa indagatoria y todavía no se han presentado cargos formales.

Fuentes consultadas