El juicio de la trama Púnica, que involucra a destacados políticos del Partido Popular (PP) en la Comunidad de Madrid, ha revelado nuevos detalles sobre las presiones sufridas por empresarios vinculados al caso. Durante la reanudación de las audiencias en la Audiencia Nacional, se escuchó la declaración de José Luis Huerta, empresario fallecido y dueño de la empresa Waiter Music, quien organizó eventos para el PP entre 2004 y 2013 sin recibir pago alguno «por miedo» a represalias de los implicados en esta red de corrupción.
Huerta, amigo cercano del exconsejero y exalcalde de Valdemoro Francisco Granados, indicó que había resultado adjudicatario de diversos actos y espectáculos en municipios madrileños gobernados por el PP. Relató que los alcaldes de estas localidades acumulaban impagos con su empresa y que él evitaba reclamar el dinero por miedo a quedar fuera de futuras contrataciones. Añadió que este comportamiento se repetía de forma habitual e incluía celebraciones y mítines electorales, generando deudas que oscilaban entre 50,000 y 60,000 euros.
Entre los acusados sobresale Francisco Granados, imputado por prevaricación y fraude en los procesos de contratación. Huerta indicó que Granados, pese a asumir el cargo de consejero en 2003, continuaba manteniendo una notable influencia política en Valdemoro. Según relató José Luis Huerta en su declaración, cuando él hacía acto de presencia, los concejales solían comentar que había llegado el jefe.
El empresario relató que los servicios prestados para eventos políticos del PP eran cargados a las arcas municipales, lo que incrementó la deuda de los Ayuntamiento. Uno de los casos más notorios fue un mitin electoral celebrado en Algete en 2008 al que asistió Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno. Tras reclamar los pagos, Huerta aseguró que solo recibió evasivas. Según relató, «Granados me decía que no había dinero y que debía considerar que ya estaba suficientemente compensado con las contrataciones de las fiestas».
La Fiscalía ha solicitado una pena de seis años de prisión para Francisco Granados y entre dos y cuatro años para varios exalcaldes acusados, incluyendo figuras como José Miguel Moreno, exalcalde de Valdemoro, y Esteban Parro, exsenador y exregidor de Móstoles. La lista de imputados también incluye otros exalcaldes de municipios como Ciempozuelos y Moraleja de Enmedio, imputados por delitos como prevaricación y malversación.
Este juicio, enfocado en una supuesta financiación irregular del PP a través de contratos fraudulentos vinculados a eventos, sigue ahondando en las prácticas corruptas de una de las redes de corrupción política más extensas en España.
Procedencia: The Objective ([https://theobjective.com/espana/tribunales/2026-04-21/empresario-monto-actos-pp/])