A cinco meses de las elecciones generales del 30 de noviembre, el partido en el poder, Libertad y Refundación (LIBRE), se enfrenta a una situación delicada caracterizada por rupturas internas, señalamientos de corrupción y una caída significativa en las preferencias de los votantes. En un panorama electoral cada vez más impredecible, el deterioro constante del partido gobernante pone en riesgo su continuidad en el gobierno.
Rupturas internas y falta de unidad
La designación de Rixi Moncada como la aspirante del oficialismo reveló tensiones latentes dentro de LIBRE. La dimisión subsecuente del congresista Jorge Cálix, un personaje con experiencia en la organización, puso de manifiesto desacuerdos significativos sobre la dirección política y el estilo de liderazgo del partido. Cálix, junto con otros líderes que también dejaron el grupo, acusó prácticas autoritarias y un entorno excluyente.
Como respuesta, la dirigencia del partido convocó movilizaciones en respaldo tanto de la presidenta Xiomara Castro como de la propia Moncada. No obstante, estos actos no lograron revertir la percepción de una organización debilitada, sino que han sido interpretados por diversos sectores como intentos por retener el control político en medio de un entorno adverso.
Casos de corrupción y dudas sobre la transparencia
La situación empeoró tras conocerse las supuestas anomalías en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en las que legisladores cercanos al gobierno fueron acusados de malversar recursos destinados a programas sociales. El caso más significativo fue el de la diputada Isis Cuéllar, cuya suspensión fue comunicada junto a la cancelación de fondos sociales y una medida sin precedentes: la renuncia en masa del partido al fuero legislativo.
Pese a la contundencia aparente de estas decisiones, sectores opositores, en especial el Partido Nacional, las calificaron como maniobras simbólicas destinadas a desviar la atención. Según sus voceros, las acciones del oficialismo no han implicado sanciones reales ni investigaciones efectivas que garanticen rendición de cuentas.
Descontento del sector privado y llamados a frenar el deterioro institucional
Las criticas no han estado restringidas al entorno político. Desde el mundo empresarial, figuras importantes han mostrado su inquietud por la dirección que está tomando la nación. En un discurso reciente, Eduardo Facussé, quien fue presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), culpó al gobierno directamente de traicionar la voluntad popular mediante acciones que, según su opinión, comprenden nepotismo, manejo arbitrario de los fondos del estado y falta de claridad en casos significativos como SEDESOL, el fraude Koriun y acusaciones sobre supuestos lazos con organizaciones delictivas.
Facussé alertó sobre la fragilidad institucional y exhortó a la población a proteger el Estado de Derecho frente a lo que él interpretó como un esfuerzo por establecer un sistema autoritario y financieramente inviable.
Caída en los sondeos y cambio en el panorama electoral
Las encuestas de opinión más recientes indican una rápida disminución de LIBRE en la intención de voto. Según los datos recolectados entre mayo y junio, el respaldo al partido gobernante ha fluctuado entre el 11 % y el 28.5 %, cifras significativamente inferiores al 42 % observado en marzo. Esta tendencia a la baja, junto con la variabilidad entre las encuestas, sugiere un electorado fragmentado que busca nuevas opciones.
Simultáneamente, aspirantes de la oposición como Salvador Nasralla y Nasry Asfura han avanzado, obteniendo respaldo con cifras que oscilan entre el 25 % y el 36 %. Las valoraciones públicas reflejan también el deterioro del gobierno: la presidenta Xiomara Castro tiene una calificación promedio de solo 4.1 sobre 10, en un escenario caracterizado por escándalos sin resolución y una creciente percepción de ineficacia.
Una perspectiva ambigua para el gobierno actual
La situación actual enfrenta a LIBRE a un desafío significativo. La mezcla de problemas internos, debilitamiento de las instituciones, falta de confianza y desaprobación pública ha mermado su posición ante las elecciones generales. Si continúan en esta dirección, el partido gobernante corre el peligro de no solo perder el mando del Ejecutivo, sino de poner en riesgo el proyecto político que los llevó al poder en 2021.
En esta situación, el resultado estará condicionado por la habilidad del partido para reorganizar su estructura interna, responder a las demandas sociales y proporcionar explicaciones concretas frente a las acusaciones de corrupción. Si no lo hacen, la elección del 30 de noviembre podría representar un cambio significativo en el panorama político de Honduras.